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Prestación por cese de actividad, decepción para los autónomos

Publicado en: Autónomos el 13/11/2014 por Aseido Consulting
Prestación por cese de actividad, decepción para los autónomos

Históricamente, una de las grandes quejas del colectivo de los autónomos era respecto a la imposibilidad de tener derecho a una prestación por desempleo cuando por distintos motivos se veían obligados a darse de baja como autónomos.  

Parecía que esto se iba a solucionar con ley 32/2010, por la que se establecía un sistema específico de protección por el cese de actividad. Con esta ley, los autónomos que coticen por cese de actividad pueden percibir una prestación que, dependiendo del período cotizado, entre 12 y 48 meses, puede tener una duración entre dos y doce meses.

La realidad es que cuatro años después se está viendo que no todo es tan “bonito” como parecía, pues únicamente el 20 por ciento,  aproximadamente, de los autónomos que la solicitan finalmente la perciben. El motivo principal es la dificultad de acreditar uno de los requisitos: la situación legal de cese actividad.

Requisitos para acceder a la prestación

Además, para acceder a esta prestación es necesario cumplir otros requisitos, como tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad,  no tener la edad ordinaria para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación o estar al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social.

Las causas que generan la situación legal de cese de actividad son las siguientes: motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos que imposibiliten continuar con la actividad; por situaciones que determinen el cese, como separación o divorcio, fuerza mayor o violencia de género; y por pérdida de licencia administrativa, no imputable al autónomo, e imprescindible para el ejercicio profesional.

Situaciones requeridas para alegar motivos económicos

En realidad, son mayoría los autónomos que quieren finalizar su actividad por motivos económicos (sobre todo), técnicos, productivos u organizativos; y aquí radica la dificultad, pues las situaciones que se requieren para alegar estos motivos difícilmente las puede sostener un trabajador autónomo.  

Éstas son tres y hay que acreditar al menos una de ellas: declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad; pérdidas durante un año completo superiores al 30% ciento de los ingresos o superiores al 20% si son durante dos años seguidos (no se cuenta el primero de inicio de la actividad), o deudas reclamadas judicialmente que supongan al menos el 40% de los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.

Es evidente que muchos autónomos no se pueden permitir aguantar un año completo, o dos,  con el porcentaje requerido en cuanto a pérdidas o deudas, por lo que el resultado es que se dan de baja en el RETA y pierden el derecho a percibir una prestación por la que han estado cotizando. 



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